UNESCO contribuye a la reducción del riesgo frente a tsunamis en las escuelas de Chile

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En el marco del Programa de Preparativos ante Desastres (DIPECHO) en Sudamérica de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, el Ministerio de Educación de Chile y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) elaboraron tres módulos educativos para capacitar a docentes de los distintos niveles en la reducción de riesgo ante tsunamis.

Los módulos, titulados “Gestión del Riesgo de Tsunamis en Establecimientos Educacionales: Material de Apoyo para Docentes de Educación Básica, Media y Parvularia”, fueron construidos a partir de un proceso participativo en donde instituciones científicas y educativas contribuyeron. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y la Sociedad Geológica de Chile revisaron los contenidos científicos relativo a la formación de los tsunamis, mientras que el Ministerio de Educación, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (ONEMI), la OREALC/UNESCO Santiago y especialistas sobre seguridad escolar de las regiones de Antofagasta, Tarapacá y el Biobío ajustaron los contenidos pedagógicos de dichos materiales adecuándolos al currículo nacional.

Hasta el momento, y gracias al apoyo de diferentes fuentes de financiamiento, se han distribuido en Chile más de 9.000 ejemplares de los módulos y para la segunda mitad del 2013 se espera distribuir 3.000 ejemplares más.

Estos textos, hoy considerados material oficial del Ministerio de Educación para los procesos de capacitación en reducción del riesgo de tsunami, incluyen un primer capítulo de información científica sobre la naturaleza de los tsunamis; un segundo capítulo sobre la importancia de integrar la gestión del riesgo en los establecimientos educacionales y un tercer capítulo con propuestas de planes de lección adecuados al currículo escolar para los niveles de educación básica, media y parvularia.

Finalmente, los textos incluyen una versión adaptada a contextos escolares del recientemente actualizado, Glosario de Tsunamis de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO/COI, 2012). El glosario incluye más de 60 términos asociados a los tsunamis con los cuales se pueden realizar ejercicios educativos con los estudiantes para profundizar su conocimiento y manejo del tema.

Durante el año 2012, en coordinación con ONEMI, la Cruz Roja Chilena y el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología de la Universidad de Concepción (CiCAT), se implementaron talleres de capacitación a docentes de 144 establecimientos educacionales vulnerables a la ocurrencia de un tsunami de las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Para el año 2013, debido a una alta demanda de estos talleres, el Ministerio de Educación tiene previsto realizar jornadas de capacitación sobre reducción de riesgo de tsunamis en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén, Magallanes, Coquimbo y la Región Metropolitana de Santiago. Estas jornadas se implementarán en coordinación con la ONEMI y asesores científicos.

Esta estrategia educativa para reducir los riesgos de tsunamis ha sido considerada como modelo para otros países y regiones vulnerables a tsunamis. Tal es el caso del taller regional de capacitación para el Caribe organizado por el PNUD Barbados y la UNESCO/COI en noviembre pasado, donde esta experiencia se presentó como ejemplo de inclusión de la gestión del riesgo de tsunamis en el proceso formal de la educación. De igual modo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) tradujo los textos educativos al inglés para ser usados como insumos por sus expertos en educación.

A fin de promover el uso y difusión de estos textos, el Ministerio de Educación de Chile, el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la OREALC/UNESCO Santiago han incluido en sus bibliotecas virtuales la versión digital de estos textos, los cuales pueden ser utilizados como material de referencia en jornadas educativas.

Descargue los textos educativos aquí:

Gestión del riesgo de tsunamis en establecimientos educacionales – Parvulario
Gestión del riesgo de tsunamis en establecimientos educacionales – Básica
Gestión del riesgo de tsunamis en establecimientos educacionales – media

ONU adivierte que pérdidas económicas por desastres están fuera de control e insta al sector privado a reducir el riesgo

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Panamá, 15 de mayo 2013.- La Organización de las Naciones Unidas emitió una seria advertencia a la comunidad empresarial mundial sobre el hecho de que las pérdidas económicas relacionadas con desastres están “fuera de control” e irán en aumento: a menos que la reducción del riesgo de desastres se torne el elemento fundamental de las estrategias de inversión privada.

Al respecto, el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, explicó: “Hemos llevado a cabo una revisión de las pérdidas que ocasionan los desastres en el ámbito nacional y es evidente que se han subestimado en al menos un 50 por ciento las pérdidas directas a causa de inundaciones, terremotos y sequías. En lo que va de este siglo, las pérdidas directas generadas por los desastres ascienden a unos $2,5 millones de millones (billones) de dólares americanos. Esto es inaceptable, ya que contamos con los conocimientos necesarios para reducir las pérdidas y aprovechar los beneficios”.

La advertencia del Secretario General se dirigió, entre otros, a las zonas costeras y las ciudades en pleno auge, incluidas las de las Américas, pues se prevé que en los años venideros habrá una afluencia de billones de dólares en nuevas inversiones empresariales en estos lugares que aunque son prósperos también están expuestos a diversas amenazas.

“Las pérdidas económicas que ocasionan los desastres están fuera de control y sólo pueden reducirse en alianza con el sector privado, incluidos los bancos de inversión y las empresas aseguradoras. El sector privado realiza del 70 al 85 por ciento de todas las inversiones mundiales en nuevos edificios, diversas industrias y pequeñas y medianas empresas. Los mercados han asignado más valor a la rentabilidad a corto plazo que a la sostenibilidad y la resiliencia. La reducción del grado de exposición de su inversión frente al riesgo de desastres no es un costo, sino más bien una oportunidad para lograr que esa inversión sea más atractiva a largo plazo”.

El Secretario General de la ONU pronunció estas palabras hoy durante el lanzamiento de un nuevo e innovador informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el cual se basa en tres nuevas series de datos muy importantes, tales como la revisión de diversas bases de datos nacionales sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres en 40 países, una encuesta realizada con 1.300 pequeñas y medianas empresas ubicadas en lugares propensos a desastres en las Américas, y una revisión de la gestión del riesgo en 14 empresas multinacionales de renombre.

El Informe de Evaluación Global de la UNISDR sobre la Reducción del Riesgo de Desastres  (GAR13), titulado Del riesgo compartido a un valor compartido: Un argumento empresarial a favor de la reducción del riesgo de desastres, destaca la forma en que la transformación de la economía mundial durante los últimos 40 años ha dado origen a un rápido aumento del riesgo en los países de renta baja, media y alta.

La reciente experiencia de Colombia ilustra los daños generalizados que ocasionan los desastres en la economía de un país y en su entorno empresarial. Entre los años 2010 y 2012, aunque no fue un fenómeno excepcional, un fuerte episodio de La Niña ocasionó pérdidas económicas directas que ascendieron a $6.000 millones de dólares americanos. Sólo en 2011, hubo que invertir $1.700  millones para reparar daños en la red vial del país –el 14 por ciento del sistema nacional y el 3 por ciento de sus puentes.

Las empresas enfrentaron costos más altos debido a un aumento en los precios del transporte o a interrupciones en las cadenas de suministro, al igual que dificultades para cumplir con sus contratos con los mercados externos y una menor producción. En especial, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) resultaron sumamente perjudicadas debido a que muchas de éstas no contaban con seguros y carecían de los recursos necesarios para la recuperación de sus negocios.

En la región del Caribe, se prevé que Anguila, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Caimán y Guadalupe podrían perder hasta el 30 por ciento del valor de su capital urbano en el caso de que surjan ciclones tropicales. Muchas islas pequeñas dependen del ingreso de las actividades turísticas, por lo que los desastres pueden generar efectos catastróficos en la economía general. En 2004, el Huracán Iván ocasionó pérdidas directas en Granada que ascendieron a $900 millones de dólares americanos, más del doble del PIB del país. En especial, el sector turístico resultó seriamente afectado. El 70 por ciento de la infraestructura de la isla sufrió daños y durante varios años se observó una menor demanda de servicios del sector turístico.

Además, la rápida ola de urbanización que se observa en las Américas está creando un entorno empresarial que aunque por un lado es pujante, por otro está colmado de riesgos.

Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR, señaló : “La experiencia de Colombia y de muchos otros países demuestra el grado de dependencia de los negocios en los recursos vitales de la infraestructura pública, tales como los caminos, el suministro de agua, electricidad y las telecomunicaciones”.

“Una vez que se cortan estos servicios vitales, un país corre el riesgo de perder su reputación en cuanto a su competitividad, y los negocios que cierran sus puertas podrían no volver a abrirlas más o simplemente trasladarse a otros países con una infraestructura más confiable y con un mejor enfoque dirigido a la gestión del riesgo”.

“También estamos observando un argumento empresarial más sólido para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. En palabras llanas, la reducción del riesgo de desastres disminuye la incertidumbre, aumenta la confianza, reduce los costos y crea valor para los negocios”.

El informe de la UNISDR incluye una encuesta conjunta con PricewaterhouseCoopers sobre enfoques para la gestión del riesgo en 14 empresas multinacionales de renombre. La encuesta revela que los altos ejecutivos tienen cada vez más presente la vulnerabilidad de sus empresas frente a los desastres y han comenzado a priorizar el fortalecimiento de su gestión del riesgo.

Además, una encuesta del GAR2013 con 1.300 pequeñas y medianas empresas ubicadas en seis ciudades propensas a los desastres en las Américas –Bogotá, Colombia; Kingston, Jamaica; Miami, E.E.U.U.;  San José, Costa Rica; Santiago, Chile y Vancouver, Canadá— reveló que tres cuartos de éstas han sufrido interrupciones relacionadas con daños o la destrucción de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones. No obstante, sólo una cantidad mínima –el 14,2 por ciento en el caso de las empresas con menos de 100 empleados— contaban con un enfoque para la gestión de las crisis, aunque muy básico, bajo la forma de un plan de continuidad de sus actividades empresariales.

El Sr. Mena aseveró que “los inicios en el cambio de actitudes del sector privado ahora deben transformarse en un enfoque más sistemático para la gestión del riesgo de desastres, en alianza con el sector público, a fin de lograr que el mundo sea un lugar más seguro. La comunidad dedicada a la reducción del riesgo de desastres pone su mirada en las Américas y el papel relevante que habitualmente ha jugado en esta transformación”.

“A medida que nos acercamos al año 2015, se están intensificando los esfuerzos para formular un nuevo marco para la reducción del riesgo de desastres, el cual reemplazará el actual Marco de Acción de Hyogo (MAH). Al velar por que este instrumento incluya de forma específica el argumento empresarial a favor de la reducción del riesgo de desastres, se ofrecerá un incentivo fundamental para la participación constructiva de los negocios, de los cuales depende la resiliencia, la competitividad y la sostenibilidad”.

Visita a Chile de Delegación de la Unión Europea da inicio al Plan de Acción 2013-2014 del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil

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Diez países en América del Sur, entre los que se cuenta Chile, se benefician del Plan de Acción 2013-2014 del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, que busca reducir el riesgo de desastres a través de 26 proyectos.

La Unión Europea reafirmó su compromiso con la reducción de riesgos de desastres en América del Sur, con el lanzamiento de un nuevo Plan de Acción 2013-2014 que invertirá 14.5 millones de euros en 10 países del continente para mejorar la preparación y reducir la vulnerabilidad ante fenómenos naturales extremos como terremotos, tsunamis, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierras.

“Nuestros programas obtienen resultados tangibles. En el último plan de acción hubo más de 400 simulacros y 7.000 empleados públicos formados sobre cómo reducir riesgos y responder ante las emergencias. Se trabajó para hacer 380 escuelas más seguras y se incidió sobre más de 500 comunidades en América del Sur”, afirmó Álvaro de Vicente, responsable de la Oficina para América del Sur del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO) durante el lanzamiento regional del programa, que tuvo lugar en Lima, Perú. “Debemos seguir impulsando una mayor preparación porque ésta evita no sólo las grandes pérdidas económicas que generan los desastres, sino el sufrimiento humano de las poblaciones más pobres y vulnerables, que son generalmente las más afectadas por los desastres”, añade De Vicente.

El programa de preparación ante desastres de la Comisión, conocido como DIPECHO por su nombre en inglés (Disaster Preparedness ECHO), busca limitar el impacto negativo de las catástrofes mediante la prevención y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las autoridades y las poblaciones afectadas. Los proyectosDIPECHO financian la creación de sistemas de alerta temprana, de coordinación local o nacional para responder de forma inmediata tras un desastre, elaboración de planes de emergencia, así como capacitaciones y campañas de sensibilización. También costean la realización de pequeñas obras de infraestructura que disminuyen los riesgos, como diques para evitar deslizamientos de tierra o depósitos de agua en zonas propensas a la sequía.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son los países beneficiados en el nuevo plan de acción DIPECHO 2013-2014, a cuya dotación de 12 millones de euros hay que añadir 2.5 millones de euros específicamente destinados a actuar sobre zonas golpeadas por la sequía, para ayudar a las comunidades a prepararse mejor ante ésta, adaptando cultivos y protegiendo el ganado y las fuentes de agua.

En Chile, los proyectos estarán a cargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el CaribeOREALC/UNESCO Santiago, con el proyecto titulado “Reducción de riesgo de desastre a través de la educación y la ciencia en Chile, Colombia, Ecuador y Perú”, y por la Oficina en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el proyecto “Desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, regional y local en Chile”.

Desde 1994, ECHO ha destinado 65.5 millones de euros a la preparación ante desastres en América del Sur y 112.5 millones de euros a dar respuesta a desastres y emergencias ocurridas en la región. La ayuda humanitaria es una expresión concreta de los valores fundamentales de la Unión Europea: solidaridad con las poblaciones más vulnerables, respeto por la dignidad humana, igualdad y tolerancia.

Para mayor información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea:

Página web: http://ec.europa.eu/echo

Para mayor información sobre  Gestión del riesgo de desastres en el sector educativo:

www.unesco.org/santiago

Para mayor información sobre Desarrollo Local y Gestión del Riesgo en Chile:

www.pnud.cl

PNUD y ONEMI firman en conjunto el proyecto MOU

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Ayer, miércoles 13 de abril, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD Chile y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de identificar iniciativas conjuntas, para apoyar a la ONEMI a fortalecer el desarrollo de las funciones que corresponden a su mandato. En el mismo acto, se lanzó la Iniciativa Conjunta ONEMI-PNUD titulada “Adecuación de estándares internacionales para la respuesta en emergencias en Chile”.

El acuerdo fue firmado por Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del PNUD y Ricardo Toro, Director Nacional ONEMI. La actividad contó con la participación de algunas autoridades y parte de los equipos técnicos de ambos organismos.

Como mensaje principal de la firma de este convenio, ambas instituciones destacaron la importancia de la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres de forma transversal en el actuar público y de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil en los territorios.

Además, el Representante Residente destacó el rol de la ONEMI como coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil y la importancia que tiene el liderazgo asumido por ONEMI en querer entregar una respuesta pública acorde al Derecho Internacional Humanitario, y en ajustar las dinámicas de respuesta emergencias en los distintos territorios del país.

El Acuerdo suscrito, formula tres grandes áreas de cooperación, para el período 2016-2018, que son:

  1. Área de Cooperación 1: Desarrollo de Capacidades
  2. Área de Cooperación 2: Apoyo al fortalecimiento de la Oficina Nacional de Emergencia en las funciones que desarrolla dentro de su mandato
  3. Área de Cooperación 3: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil

Dentro de la segunda Área de Cooperación es que se dio inicio a la iniciativa de “Adecuación de Estándares Internacionales para la Respuesta a Emergencias en Chile” orientado a fortalecer la logística y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos destinados a las fases de preparación y respuesta a emergencias, a través de la incorporación e institucionalización de estándares internacionales de acción humanitaria y la coordinación con el resto de actores.

Chile inicia implementación de su plan de adaptación al cambio climático para período 2017-2022

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Programa comenzó este lunes con una consulta pública. Entre otras medidas, incluye la Política Energética 2050 que busca que el 70% de la generación eléctrica provenga de energías renovables.

Las precipitaciones del último fin de semana en la zona central hicieron de este mes el cuarto abril más lluvioso de la historia. Según la Dirección Meteorológica, el 16 de abril cayeron 50 mm en 24 horas, uno de los cuatro días de abril más lluviosos desde 1877.

Esta particular característica -lluvias intensas y en un plazo muy acotado- es precisamente uno de los impactos que el cambio climático tendrá en el país.

Por eso, el gobierno diseñó  el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, el que formalmente comenzó a operar este lunes, al iniciarse una consulta pública, para que expertos, autoridades o cualquier persona pueda hacer sus alcances respecto a cómo debería abordarse el fenómeno climático.

La consulta permanecerá abierta tres meses y los  aportes y observaciones se pueden realizar en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales del país.

Según el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, el Plan busca tener una agenda climática para cumplir con el compromiso asumido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es reducir las emisiones de CO2 eq (y todos los gases de efecto invernadero o GEI) por unidad de PIB en 30% en 2030, respecto del valor de 2007.

Además de la consulta, el Plan incluye varias medidas para alcanzar la meta, la más importante, por su impacto en la mitigación de GEI, según Badenier, “es la implementación de la Política Energética 2050”.

Esta política incluye, entre otras medidas, que el 70% de la generación eléctrica a mitad de siglo provenga de energías renovables y que el 100% de las edificaciones nuevas tengan estándares de construcción eficiente.

Adaptación

Naciones Unidas eligió hoy, Día de la Tierra, para firmar en Nueva York el Acuerdo de París (ver pág. 3),  ceremonia en la que Chile asistirá encabezada por el canciller Heraldo Muñoz.

Además de la firma, el país debe ratificar el documento, lo que significa que el Acuerdo debe convertirse en Ley en el Congreso. “Nuestra expectativa es que este procedimiento no tome demasiado tiempo y Chile esté entre los primeros 55 países que ratifiquen el Acuerdo de París”, dice Badenier.

Tras la ratificación, Chile deberá prepararse para asumir su compromiso. En el caso de las emisiones de GEI, existe el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), instrumento oficial por el cual se verificará periódicamente los avances del país para cumplir con la meta propuesta y que se recalculará bienalmente. Sin embargo, falta por establecer cómo se fijará la cantidad anual de CO2eq a mitigar respecto de la línea base de 2007.

En el caso de las acciones de mitigación de emisiones, la autoridad señaló que se abordarán por el conjunto de sectores del país, tanto emisores de GEI como aquellos con capacidad de captura, lo que también se verá reflejado en el Plan de Acción. “A través de proyectos como MAPS-Chile, hemos verificado que los sectores con mayor potencial de mitigación están asociados a las energías renovables, eficiencia energética, silvicultura y transportes. Estos sectores involucran tanto el sector público como el privado”, dice Badenier.

Andrés Pirazzoli, quien hasta marzo lideraba la unidad de apoyo del grupo Ailac en la adopción del Acuerdo de París, dice que Chile -y la mayoría de los países que no han legislado aún- enfrentan ahora el desafío de definir de qué manera  atribuir la responsabilidad de las reducciones de emisión comprometidas en el Acuerdo de París, a nivel nacional y subnacional. ¿Quién debe mitigar y cuándo, bajo qué métricas, siguiendo cuáles  criterios? El CO2, dice Pirazzoli, -mediando la entrada en vigencia del Acuerdo- pasa a ser en Chile y en aquellos que lo ratifiquen, un contaminante que debe ser regulado.

En ese contexto, Badenier recuerda que a parir de 2017 entrará en vigencia un impuesto verde que gravará las emisiones de CO2 con cinco dólares por tonelada emitida a calderas o turbinas que, en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible fósil que usen.

Camino que va muy en línea con lo planteado por la última reunión del Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) de la que Chile forma parte y que llamó a los países a seguir esta senda, para que la polución por combustibles fósiles se convierta en un costo operativo y se creen soluciones más verdes.

“La gran pregunta es cómo interiorizamos todo esto. Se debe cambiar la mirada hacia los agentes que van a ser afectados, beneficiados y regulados. En especial entrando en período de elecciones presidenciales y parlamentarias. Es importante que esta discusión se inicie lo antes posible, para que se legisle habiendo oído a los agentes productivos, sociales y privados. Hay tiempo, pero es poco. En 2018 será la primera revisión bajo el Acuerdo de París”, dice Pirazzoli.